La conducción de la CGT resolvió postergar, al menos por ahora, la convocatoria a un nuevo paro general contra el gobierno de Javier Milei, pese a los reclamos de sectores internos que venían impulsando una medida de fuerza de mayor impacto y al creciente malestar social por la situación económica.
La definición surgió este jueves durante una reunión del Consejo Directivo de la central obrera en la sede de la calle Azopardo, donde los principales dirigentes sindicales analizaron el escenario político, económico y laboral. Aunque hubo coincidencias en profundizar las críticas a la gestión nacional y al avance de la reforma laboral impulsada por la Casa Rosada, la mayoría se inclinó por evitar una confrontación inmediata mediante una huelga general.
En las semanas previas, referentes sindicales como Luis Barrionuevo y Omar Maturano habían planteado públicamente la necesidad de avanzar hacia un paro de 36 horas con movilización. Sin embargo, esa postura no logró imponerse dentro de la conducción cegetista, donde prevaleció la idea de desarrollar una estrategia escalonada de protesta.
Según trascendió tras el encuentro, la CGT comenzará a trabajar en un plan de acción que incluirá distintas iniciativas sectoriales, actividades de difusión, movilizaciones y campañas de concientización sobre el impacto de las políticas económicas del Gobierno. La intención es construir un proceso de acumulación de reclamos que eventualmente pueda desembocar en una medida de fuerza de mayor alcance.
La decisión expuso además las diferencias que conviven dentro de la central sindical. Mientras algunos dirigentes reclaman endurecer la confrontación con el Ejecutivo, otros consideran que un paro general en este momento podría no encontrar el respaldo social esperado y terminar debilitando la posición del movimiento obrero.
La reforma laboral continúa siendo uno de los principales focos de conflicto. Desde la CGT sostienen que las modificaciones propuestas afectan derechos conquistados por los trabajadores, mientras que el Gobierno defiende los cambios como herramientas para promover el empleo formal y reducir la litigiosidad laboral. En ese contexto, la central buscará mantener la presión sobre la administración libertaria, aunque sin definir todavía la fecha ni el formato de una nueva huelga general.
