Diversos actores del sector privado aseguran que, en las últimas semanas, las entidades bancarias endurecieron las condiciones para acceder al crédito, redujeron límites de financiamiento y reforzaron los requisitos para mantener líneas vigentes.
Incluso empresas que mantienen un nivel de actividad elevado —con facturaciones cercanas a los $100 millones mensuales— afirman haber sufrido recortes en herramientas habituales para sostener el capital de trabajo, como los acuerdos de descubierto y el descuento de cheques.
Decisiones centralizadas y mayores exigencias
Uno de los cambios más mencionados por empresarios y consultores es la pérdida de autonomía de los gerentes de sucursal.
Las evaluaciones ya no contemplan con la misma relevancia el historial comercial o la relación construida con el cliente, sino que responden a criterios centralizados y más restrictivos.
Por otro lado, hay dos fenómenos que afectan directamente las decisiones a la hora de otorgar un crédito: uno es el aumento de la mora en otros segmentos de la economía, especialmente entre las familias, que incrementaron su nivel de endeudamiento para afrontar gastos cotidianos. El segundo responde a una previsión de que esas dificultades puedan trasladarse progresivamente al resto de la cadena productiva.
Como consecuencia, incluso compañías con balances sólidos enfrentan mayores requerimientos documentales, revisiones más exhaustivas de sus carpetas crediticias y pedidos adicionales de garantías antes de renovar o ampliar sus líneas.
Una economía que aún no logra recuperarse
La cautela del sistema financiero también está vinculada, según analistas consultados, a las perspectivas de la actividad económica.
La recuperación del mercado interno continúa siendo moderada y muchas entidades trabajan con escenarios de crecimiento limitado durante los próximos meses.
A este panorama se suma un desfasaje entre el costo del financiamiento y las expectativas de inflación.
La mirada del sector empresario
Desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), su director Diego Ojeda sostiene que la restricción crediticia profundiza las dificultades que atraviesan las PyMEs.
Según el dirigente, en los últimos años confluyeron distintos factores que deterioraron la situación del sector: cierre de empresas, caída del poder adquisitivo, pérdida de ventas y mayor competencia derivada de la apertura de importaciones.
Ese escenario, afirma, redujo el flujo de caja de muchas firmas y modificó la evaluación que realizan los bancos.
Ojeda señala además que existen más de 300.000 cheques rechazados dentro del sistema financiero y explica que muchas empresas están siendo recalificadas bajo criterios más estrictos. En la práctica, eso implica que acuerdos de descubierto previamente autorizados por $30 millones hoy pueden reducirse a la mitad, afectando la capacidad de financiamiento de las compañías.
A ello se suma el costo del crédito. Según el directivo, las tasas para acuerdos en descubierto oscilan actualmente entre el 70% y el 90% anual, dependiendo de la entidad financiera, niveles que considera difíciles de sostener para empresas que necesitan financiamiento operativo.
