Se trata de Germán Jorge Neuss, un empresario de perfil bajo que hoy está siendo investigado por presunta corrupción, en la causa que analiza las supuestas irregularidades en la licitación del nuevo sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) durante la gestión del exministro de Transporte Jorge D’Onofrio.
La investigación alcanza a exfuncionarios, empresarios y operadores que participaron del proceso licitatorio. Según la hipótesis del fiscal Álvaro Garganta, las concesionarias terminaron aceptando un esquema que las obligaba a contratar a una misma empresa privada, que no habría sido incorporada por razones técnicas sino como parte de un acuerdo previo.
La VTV seguirá siendo en talleres autorizados por la provincia
Con la investigación ya cerrada, el fiscal pidió la elevación a juicio. Ahora será el Juzgado de Garantías el que deberá definir si la causa reúne los elementos suficientes para llegar a un debate oral.
A diferencia de otros miembros de la familia, Germán Neuss nunca cultivó un perfil público. Su nombre casi no aparece en entrevistas ni en actividades institucionales y durante años se movió con bajo perfil dentro del entramado empresario familiar.
Hijo del fallecido Jorge Justo Neuss, integra la cuarta generación del grupo. Durante buena parte de su carrera trabajó dentro de Neuss Capital, desde donde participó en distintos negocios vinculados con infraestructura, energía y desarrollos inmobiliarios.
Con el tiempo pasó a presidir VTV Sud S.A., una de las empresas que obtuvo la concesión para prestar el servicio de Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires. Ese cargo es el que hoy lo ubica entre los imputados del expediente.
Jorge D’Onofrio, más complicado
Un apellido con historia
El primer gran negocio familiar fue Soda Neuss, una marca muy conocida en Buenos Aires durante buena parte del siglo pasado. Con el correr de los años, la familia fue dejando esa actividad para concentrarse en sectores mucho más rentables y con fuerte vínculo con el Estado.
Durante la década del noventa el grupo creció al calor de las privatizaciones. En ese período, Jorge Justo Neuss consolidó una relación cercana con el expresidente Carlos Menem y participó en distintos negocios que marcaron aquella etapa.
Uno de los casos más conocidos fue el de Thales Spectrum Argentina, la empresa que obtuvo la concesión para administrar el espectro radioeléctrico nacional. Años después ese contrato fue rescindido durante el gobierno de Néstor Kirchner y dio lugar a una extensa disputa judicial.
La historia familiar también quedó marcada por un episodio trágico. El 10 de octubre de 2020, Jorge Justo Neuss asesinó de un disparo a su esposa, Silvia Saravia, en su casa del country Martindale, en Pilar. Minutos después se quitó la vida.
Tras ese hecho, el manejo del grupo empresario quedó en manos de la nueva generación con Germán, Juan, Patricio y Lucila Neuss.
En los últimos meses el apellido volvió a ganar espacio dentro del mundo empresario. A través de Edison Energía, el grupo avanzó sobre distribuidoras eléctricas, activos del sistema de transporte de energía y tomó el control de las represas Alicurá y Cerros Colorados. También quedó vinculado a la operación sobre Transener y siguió de cerca distintos procesos de concesión impulsados por el Gobierno nacional.
Cómo funcionaba el esquema que investiga la Justicia
La causa pone el foco en la licitación del sistema de VTV, uno de los contratos más importantes que manejaba el Ministerio de Transporte bonaerense.
Para la fiscalía, entre 2023 y 2024 se armó un mecanismo que obligaba a las empresas adjudicatarias a contratar a Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.
En los papeles, la firma debía prestar servicios tecnológicos para el funcionamiento del sistema. Sin embargo, Garganta sostiene que esa contratación no respondía a una “necesidad operativa” sino que formaba parte del esquema diseñado alrededor de la licitación.
El requerimiento de elevación a juicio sostiene que la empresa comenzó cobrando el 3% de la facturación mensual de las concesionarias y que luego ese porcentaje subió al 8,5% más IVA. En la proyección del contrato, esos pagos representaban alrededor de 5.000 millones de pesos.
Dentro de ese contexto aparece Germán Neuss. El fiscal lo ubica como presidente de VTV Sud S.A. y sostiene que intervino en distintas decisiones vinculadas al proceso licitatorio y a la posterior contratación de la empresa tecnológica.
Según la acusación, su participación no fue únicamente administrativa. Para los investigadores, los representantes de las concesionarias tuvieron un rol activo para que el esquema pudiera sostenerse durante toda la ejecución del contrato.
Los otros imputados por la VTV
El pedido de elevación a juicio también alcanza al exministro Jorge D’Onofrio; a Sebastián Andrés Desio, presidente de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.; y a los representantes de las siete concesionarias de la VTV bonaerense.
Entre ellos aparecen Martín Hernán Serrano (VTV Norte), Germán Leandro Rebolo (SGS Argentina), Aitor Reter Aguado (Applus Iteuve), Juan Pablo Pesculich (Carpes All), Leonardo Sclafani (VTV Noroeste) y Juan Manuel Funes Bige (SIA), además de otros directivos vinculados a las empresas adjudicatarias.
Bucchino, D’onofrio y Desio, los protagonistas del caso
El caso de Desio no termina en este expediente. Su nombre también aparece en otra investigación que lleva adelante el fiscal Garganta, donde se analizan distintas maniobras patrimoniales y administrativas alrededor del Ministerio de Transporte durante la gestión de D’Onofrio.
En esa causa también se menciona a Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.. Según la fiscalía, la empresa había registrado ingresos nulos durante varios años, no tenía bienes de importancia ni una estructura acorde para prestar un servicio de esa magnitud. Aun así, después de quedarse con los contratos tecnológicos de las siete concesionarias pasó a facturar cerca de 5.000 millones de pesos en menos de dos años.
Los investigadores sostienen además que Desio era quien manejaba las cuentas bancarias de la empresa y retiraba de manera sistemática los fondos que ingresaban por esos contratos.
Ese expediente también se detiene en la compra de un edificio de calle 6 entre 44 y 45, en La Plata, que terminó siendo utilizado por dependencias del Ministerio de Transporte bonaerense.
La propiedad fue adquirida por una sociedad creada pocos días antes de la operación. Según la documentación incorporada a la causa, sus dos socios no tenían capacidad económica para afrontar una compra de ese valor. Uno de ellos era beneficiario de planes sociales y la otra persona registraba un historial crediticio negativo hasta poco antes de integrar la firma.
La investigación también detectó que esa sociedad fijó domicilio fiscal en la misma dirección donde funciona la inmobiliaria de la familia Desio y donde también está radicado el estudio contable de Carolina Bucchino, un nombre que ya había aparecido en otras investigaciones judiciales.
Para el fiscal, esos cruces ayudan a reconstruir cómo se movía el entramado empresarial alrededor del Ministerio y explican por qué Desio volvió a aparecer en un segundo expediente que, aunque avanza por separado, vuelve a reunir a varios de los protagonistas de la causa por la VTV.
Mientras tanto, el futuro del expediente principal quedó en manos del Juzgado de Garantías de Juan Pablo Masi, que deberá resolver si la investigación reúne las condiciones para avanzar hacia un juicio oral.
