El proyecto, impulsado por Federico Sturzenegger, busca desarmar un esquema normativo de los años 70 y habilitar empresas que funcionen con algoritmos, resolución de conflictos bajo leyes extranjeras y constitución 100% digital. El texto ya tiene destino legislativo.
El Gobierno nacional dio un paso más en su agenda desreguladora. El ministro Federico Sturzenegger confirmó este viernes el envío al Congreso de una reforma integral de la Ley General de Sociedades, una norma que lleva más de medio siglo sin una actualización estructural.
El objetivo declarado es claro: sacarle el pie del cuello al Estado en el funcionamiento de las empresas privadas y poner a la Argentina en línea con los estándares de los grandes centros financieros globales.
Para los empresarios, pymes y emprendedores de La Plata y el Gran La Plata, la iniciativa no es un asunto menor.
Una ley pensada para otra época
El esquema normativo vigente responde a una lógica propia de los años setenta, con fuerte intervención estatal y una visión de control sobre la actividad privada que el Gobierno considera obsoleta. La propuesta reemplaza ese paradigma por otro basado en la autonomía de la voluntad: que los socios de una empresa puedan fijar sus propias reglas sin que el Estado intervenga salvo en casos excepcionales.
El cambio de fondo es que la mayoría de las disposiciones de la ley pasarían a ser supletorias. Es decir: primero vale lo que diga el estatuto de la empresa. El Estado entra después, si hay silencio.
Menos burocracia para los registros
Uno de los puntos más concretos del proyecto apunta directamente a los registros públicos: ya no podrían imponer requisitos ni restricciones adicionales a los previstos por la ley. Para quienes han intentado inscribir o modificar una sociedad en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, ese tipo de trabas es una experiencia conocida y frustrante.
Además, el concepto de objeto social se flexibiliza radicalmente. Las empresas podrían operar en actividades diversas, sin que guarden relación entre sí, e incluso prescindir de definir un objeto específico: quedarían habilitadas para desarrollar cualquier actividad lícita.
Conflictos sin juzgados: arbitraje y leyes extranjeras
El proyecto habilita que las sociedades sometan sus controversias a arbitraje o directamente a legislaciones extranjeras, evitando los tribunales locales. Sturzenegger argumenta que esa es la práctica habitual en los centros financieros internacionales.
Dicho de otro modo: una empresa constituida en Argentina podría, por estatuto, resolver sus conflictos bajo el derecho de Delaware o someterse a arbitraje internacional. Una señal clara hacia inversores externos, aunque con potenciales interrogantes sobre la protección de partes más débiles dentro de una sociedad.
Empresas que se constituyen por WhatsApp (casi)
La reforma propone la digitalización integral de la vida societaria: constitución mediante firma digital, libros contables electrónicos, domicilios digitales, reuniones societarias remotas y la creación de un legajo digital público para cada empresa, reemplazando definitivamente el papel.
Para el ecosistema emprendedor platense —que en los últimos años creció significativamente en el sector tecnológico y de servicios— esta parte del proyecto tiene impacto directo. Simplifica trámites que hoy demandan semanas y dependen de la presencialidad.
Las figuras más disruptivas: robots con personería jurídica
El aspecto más llamativo del proyecto son las nuevas figuras jurídicas que incorpora. Entre ellas, las «Sociedades Automatizadas»: empresas que operan mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin requerir personal para sus actividades habituales. Tendrían personería jurídica y responsabilidad limitada.
También se reconocen las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), estructuras basadas en tecnología blockchain cuyos derechos de participación pueden representarse mediante tokens. Dos categorías que hoy no tienen marco legal en Argentina y que el Gobierno quiere resolver antes de que la falta de regulación siga expulsando proyectos hacia el exterior.
Financiamiento y reorganización más ágiles
El proyecto incorpora los aportes convertibles —una herramienta ya usada en el ecosistema startup— que permiten financiar una empresa sin que el inversor adquiera de inmediato la condición de socio. También simplifica fusiones y absorciones dentro de grupos empresariales y establece la renovación automática del plazo de duración de las sociedades, salvo disposición en contrario.
El recorrido que le espera
El texto ya fue elaborado con participación de distintas áreas del Gobierno. Ahora debe iniciar su camino legislativo en el Congreso, donde el oficialismo necesitará negociar con bloques opositores que probablemente cuestionarán los aspectos más desregulatorios, especialmente la posibilidad de eludir la jurisdicción local en conflictos societarios.
En la Provincia de Buenos Aires, donde el PJ mantiene posiciones críticas frente a la agenda de Milei, la reforma puede convertirse en otro frente de tensión legislativa de cara al segundo semestre del año.
A corto plazo, si el proyecto avanza tal como fue presentado, las cámaras empresariales y colegios profesionales vinculados al derecho societario —con fuerte presencia en La Plata— tendrán que procesar cambios profundos en prácticas que llevan décadas instaladas. La gran pregunta es si el Congreso aprueba la reforma tal cual o la despoja de sus aspectos más audaces antes de darle media sanción.
