La caída de la recaudación y la disminución de las transferencias por coparticipación aparecen entre las principales causas que explican la falta de recursos para afrontar ese compromiso salarial.
San Pedro sigue sin pagar el aguinaldo
El caso más complejo es el de San Pedro, donde unos 1.200 empleados municipales continúan sin cobrar el aguinaldo.
Frente a esta situación, el intendente Cecilio Salazar solicitó asistencia financiera al Gobierno bonaerense y pidió una audiencia con el ministro de Economía provincial, Pablo López, para buscar una solución.
Mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores Municipales, encabezado por Juan Cruz Acosta, lanzó un paro de 48 horas, que se suma a casi tres semanas de protestas por la falta de pago.
Según el Ejecutivo local, se necesitan alrededor de 890 millones de pesos para cancelar la deuda, aunque el gremio sostiene que el monto pendiente ronda los 750 millones.
La crisis financiera ya había provocado conflictos durante junio, cuando los trabajadores de la recolección de residuos realizaron una protesta de cuatro días debido a retrasos en los pagos que el municipio debía efectuar a la empresa Ashira, situación que demoró el cobro de salarios del sector.
Azul pagará el aguinaldo en cuotas
En Azul, el intendente Nelson Sombra resolvió abonar el aguinaldo en dos cuotas como consecuencia de las restricciones presupuestarias.
La decisión derivó en un paro convocado por el sindicato municipal que conduce Luciano Varela.
Sin embargo, el panorama comenzó a destrabarse el lunes, cuando el municipio informó que recibió fondos del Gobierno bonaerense destinados a completar el pago del sueldo anual complementario.
La caída de recursos preocupa a los municipios
Las dificultades que enfrentan San Pedro y Azul reflejan un escenario que inquieta a varias administraciones locales.
De acuerdo con distintos informes, las transferencias por coparticipación provincial registraron durante el primer trimestre su nivel más bajo desde 2020, un contexto que redujo la disponibilidad de recursos para afrontar obligaciones salariales y mantener el funcionamiento de los municipios.
