
Antonio Rodríguez, uno de los empleados de la Legislatura bonaerense acusado de haber prestado su tarjeta de débito para la maniobra investigada y pareja de una concejal de La Libertad Avanza de Berisso. Había aceptado una condena de tres años de prisión en suspenso, pero desistió cuando advirtió que el Código Penal establece la inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos.
Ningún acusado quiere quedar inhabilitado
Fuentes vinculadas al expediente señalaron que, ninguno de los otros empleados imputados está dispuesto a firmar un acuerdo en los mismos términos.
En total son 46 los acusados de haber cedido sus tarjetas para el presunto circuito de extracción de fondos. Según trascendió, la principal objeción no pasa por las penas de prisión en suspenso, sino por la imposibilidad de volver a desempeñarse como empleados públicos si aceptan un juicio abreviado. Por ese motivo, la mayoría optaría por afrontar un juicio oral.
Durante una audiencia virtual, la fiscal Viviana Arturi adelantó las penas que solicitará para los principales acusados. Para Claudio Albini pidió seis años y cuatro meses de prisión; para su hijo, el exconcejal Facundo Albini, cuatro años y tres meses; para Julio «Chocolate» Rigau, cinco años y seis meses; mientras que para los empleados que prestaron sus tarjetas pedirá tres años de prisión en suspenso.
El juicio podría comenzar en 2027
Antes de fijar la fecha del debate oral, la Justicia debe completar una serie de peritajes contables que permitirán determinar el perjuicio económico atribuido a cada uno de los empleados investigados.
Un informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal estimó que el daño ocasionado a la Provincia asciende a 395,4 millones de pesos entre enero de 2022 y septiembre de 2023, aunque ese monto deberá actualizarse y distribuirse de manera individual entre los acusados. Para ello, los peritos comenzaron a revisar la documentación correspondiente a cada caso, una tarea que demandaría entre tres y cuatro meses. Recién después de esa etapa podría fijarse el inicio del juicio oral, de manera tentativa para marzo de 2027.
Cómo comenzó el caso Chocolate Rigau
La investigación se inició en septiembre de 2023, cuando Julio «Chocolate» Rigau fue detenido en el centro de La Plata mientras retiraba dinero de un cajero automático con decenas de tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Legislatura bonaerense. A partir de ese procedimiento, la Justicia reconstruyó una presunta maniobra mediante la cual contratados de la Cámara de Diputados cedían sus tarjetas para alimentar un circuito de recaudación ilegal con fondos públicos.
Con el avance de la causa fueron imputados Rigau, Claudio y Facundo Albini y decenas de titulares de las tarjetas utilizadas en la operatoria.
